El mailing de la Cámara de Bodegueros de San Juan difundió una entrevista realizada a Carlos Rizzo de Saint Remy en donde se reflejan las preocupaciones del sector.
Días atrás, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto que prorroga por dos años la exención del pago de impuestos internos a los productores de vinos espumantes, a cambio de que el sector invierta en infraestructura una cifra mayor a la que debe tributar. Carlos Rizzo, directivo de Duc de Saint Remy, opinó positivamente sobre esta medida pero planteó también una apertura de mentalidad, tanto de parte del Estado como de los propios actores de la industria vitivinícola.
“La prórroga por dos años de la exención es, sin dudas, un gran apoyo para el crecimiento, pero necesitaríamos que se transforme en una ley que nos permita realizar inversiones a más largo plazo”, asegura Carlos Rizzo, directivo de la bodega Duc de Saint Remy, el establecimiento de referencia en lo que hace a producción de vinos espumantes en la provincia de San Juan.
Para Rizzo, “la posibilidad de estar definitivamente exentos del pago del Impuesto Interno del 12 por ciento permitiría a los productores de vinos espumantes realizar importantes inversiones en reconversión tecnológica para elaborar productos que nos permitan conquistar nuevos mercados en el exterior y ampliar los ya existentes”.
En 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner suspendió por decreto el pago de impuestos internos a los vinos espumantes, a cambio de que el sector se comprometiera a realizar inversiones un 25 por ciento superiores, por lo menos, a lo que el Estado dejaba de recaudar.
Tras los cuatro años de vigencia de esta iniciativa, las bodegas invirtieron 464 millones de pesos, 210 millones más que lo que hubieran tenido que pagar en concepto de impuestos internos. De esta manera, superaron con creces lo dispuesto en el decreto, que las obligaba a realizar como mínimo una inversión de 15 millones de pesos anuales durante una década.
De todos modos, asegura Rizzo, “esto no es suficiente si queremos realizar una modernización adecuada a las exigencias del mercado. El alto costo en nueva infraestructura no puede cubrirse debido a que el volumen de comercialización de los espumantes, al contrario de otras industrias como la de la cerveza y las gaseosas debido a que los grandes volúmenes que vuelcan al mercado hacen que, en comparación, el costo de la inversión resulte mínimo”.
Reformular la industria
De acuerdo con Rizzo, “es necesario que, con la participación de toda la cadena de producción del vino, reformulemos la industria”. Para el directivo, “uno de los mayores escollos para el crecimiento es la rigidez del sistema de control sobre la producción de vino. No estoy diciendo en modo alguno que nos oponemos a los controles. Lo que planteo es que tenemos que tener la libertad de crear nuevos productos a partir del vino de igual modo en el que la industria láctea tiene total libertad para crear nuevos productos a partir de la leche”.
En su opinión, un tema que encorseta a la industria vitivinícola es la fijación del grado alcohólico por parte del INV. “El mercado consumidor, en las últimas décadas, se ha modificado drásticamente. Los consumidores buscan productos con menor tenor alcohólico y consumen mayor cantidad, como en el caso de la cerveza, que en estos años pasó de 7 grados de graduación alcohólica a poco menos de 5 grados”.
La posibilidad de elaborar vinos o productos cuya base es el vino pero que tengan menor graduación abriría, según Rizzo, “un mayor mercado que permitiría colocar los excedentes de producción sin necesidad de darle otro destino por decreto, como en el caso de la elaboración de mosto”.
Como ejemplo, Rizzo mencionó una promocionada bebida sin alcohol que produce y distribuye en Argentina la mayor multinacional de gaseosas en el mundo. “Entre los sabores de esta bebida se encuentra el sabor uva, fabricada según la propia etiqueta con un 10 por ciento de jugo natural de uva. Un producto similar, en base a vino, no puede ser fabricado por las bodegas de acuerdo con las normativas actuales”.
Lo importante, remarca Rizzo, es que el Estado “aplique controles destinados a proteger la salud de la población. Pero no que interfiera con asuntos que tienen que ver con la adecuación de la producción a las nuevas pautas de consumo del mercado”.
Consultado sobre el tema de la “genuinidad” en la producción de vino ―la justificación principal en la labor del INV para las limitaciones que impone en la elaboración―, Rizzo descartó de plano que una mayor libertad del bodeguero atente en ese sentido.
“El público consumidor no sólo varió sus gustos, sino que también sabe mejor qué es lo que quiere llevar a su mesa. Quien quiera tomar vinos de alta gama, los seguirá tomando, y el que prefiera bebidas en base a vino con menor tenor alcohólico, gasificadas o diluidas con jugos o agua sabrá muy bien lo que está tomando”.
“Por el contrario, aseveró, en estos momentos el público encuentra en las góndolas de los supermercados productos de dudosa calidad pero etiquetados como vinos de acuerdo a las normas del propio organismo de control”.
“El problema, continuó, sigue siendo el mismo desde hace mucho tiempo. El 65 por ciento del mercado vitivinícola nacional está en el consumo de vinos comunes y año tras año ese mercado se va reduciendo gradualmente y si no nos ponemos de acuerdo todos los actores de la cadena de producción ese mercado terminará desapareciendo, a menos que logremos dar respuestas innovadoras y creativas a los requerimientos del mercado. Y eso no será posible con las actuales restricciones impuestas por resolución”.
“La COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina) tiene en sus manos un gran desafío, que es justamente este, lograr que productores y bodegueros, pequeños, medianos y grandes, nos pongamos de acuerdo en el rumbo que debemos tomar para hacer crecer nuestros vinos en todos los mercados, nacionales e internacionales, en sintonía con las preferencias del público consumidor”, finalizó afirmando Rizzo.
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Fuente: Diario Sarmiento y Las Noticias
A beber se ha dicho!
